La invitación a intervenir en la presentación de iAguaMagazine 7 por parte del equipo de iAgua se ha traducido por mi parte en una sencilla presentación con la que quiero explicar cómo la legislación y la sostenibilidad son compañeros de viaje inseparables de la necesaria alianza entre agua e industria. En primer lugar porque el agua potable o de calidad para los procesos industriales es un recurso cada vez más escaso, por lo que la regulación de su uso con criterios de sostenibilidad es un imperativo cada vez mayor.
Por eso cabría preguntarnos ¿puede ser la industria sostenible? Y la respuesta debería comenzar por el análisis de la definición de desarrollo sostenible dada por la Comisión Brundtland, que decía algo así como que:
“El desarrollo sostenible es capaz de satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades.”
Si tomamos como ejemplo el teléfono móvil que casi todos nosotros tenemos a mano en este momento y pensamos de dónde vienen las materias primas necesarias para su fabricación y a dónde van a parar los residuos que generamos cuando lo cambiamos por uno nuevo más moderno entenderemos que nuestra forma de satisfacer la necesidad de comunicación no es todo lo sostenible que podría. O que quizá la industria nos está proveyendo de bienes de consumo de una forma que no es sostenible: agotamiento de recursos naturales, destrucción de hábitats, desaparición de especies, emisiones atmosféricas, contaminación del agua.
Pero el desarrollo sostenible tiene tres patas. Y no podemos olvidar ninguna. Podemos centrarnos en la exclusión a la que sometemos a los niños de las familias que explotan la minería informal en américa latina, extrayendo cantidades ínfimas de los metales preciosos que podríamos rescatar de los superconductores de los equipos informáticos que desechamos. Pero no podemos dejar de mirar la componente económica, que está, precisamente en el objeto social de las empresas. Una industria que no funciona bien no puede ser sostenible: debe generar ingresos suficientes para mantenerse en activo y hacerlo teniendo en cuenta criterios ambientales y sociales.
Al drama del paro y la caída del producto interior bruto, las crisis económicas suman una importante cantidad de centros de trabajo abandonados a su suerte, instalaciones sin mantenimiento en las que quedan materias primas, residuos peligrosos y productos químicos que nadie está gestionando correctamente y, antes o después, pueden acabar contaminando suelos y aguas subterráneas, para aparecer aguas abajo en algún cauce del que alguien suministra agua para sus procesos, incluido el baño recreativo o el abastecimiento para consumo humano.
Así pues, la legislación vigente establece unos parámetros mínimos para que la gestión de la industria se lleve a cabo dentro de unos límites respetuosos con el entorno en el que se desarrolla la actividad. Cada vez más esos límites tienen a conseguir y mantener unos objetivos de calidad ambiental, a los que llegamos mediante la incorporación de las mejores técnicas disponibles.
Técnicas que, además de sofisticadas tecnologías incluyen procesos de gestión ambiental, mediante mecanismos de certificación voluntaria que permiten a las organizaciones tanto interiorizar los requisitos legales que les son de aplicación como superarlos y avanzar en una mejora continua hacia la sostenibilidad.
Pero la legislación también está cada vez más pendiente del drama del cierre de las industrias, estableciendo mecanismos de responsabilidad que permitan atribuir los daños ambientales a aquellos que no consideraron la sostenibilidad como criterio de gestión. En primer lugar el marco de responsabilidad por daños al medio ambiente prevé distintos mecanismos relacionados con la identificación, valoración y gestión de los posibles impactos de la actividad desde su establecimiento hasta su cierre.
Más recientemente el código penal ha sido modificado para incluir en su ámbito de aplicación a las organizaciones, que hasta ahora no podían ser penadas, de modo que puedan ser castigadas por delitos ecológicos causados en la obtención de beneficios empresariales.
Tanto la vía administrativa como la penal aconsejan realizar diagnósticos ambientales que ayuden a las organizaciones a prever y gestionar escenarios de riesgos que pongan en peligro la continuidad del negocio. Bien por incurrir en costes ilimitados de reparación de daños al entorno, bien porque los delitos atribuidos a la empresa acaben con la posibilidad de continuar sus actividades.
Más amables son los mecanismos voluntarios de certificación, que buscan incentivar el compromiso ambiental mediante la diferenciación competitiva en el mercado. Empresas que dicen que hacen las cosas bien, permiten que terceros independientes lo comprueben y, a cambio, obtienen un sello con el que presumir de respetar el medio en el que se asientan.
Al igual que las leyes, las normas de referencia para sistemas de gestión se adaptan a los nuevos tiempos. Así estamos a las puertas de una nueva versión de ISO 14.001, que deseablemente aparecerá en otoño de 2015 y permitirá a las organizaciones simplificar considerablemente la carga administrativa de sus sistemas de gestión ambiental.
Tras un periodo de adaptación de tres años, las organizaciones que quieran certificarse o mantener sus certificados de gestión ambiental según ISO 14.001 podrán prescindir de los manuales en papel y centrarse en aportar evidencias de su desempeño con información documentada, sea cual sea el formato o soporte elegido para registrar los datos que prueben que su día a día está controlado con criterios de prevención de la contaminación y mejora continua.
Y esos datos están en el centro de todas las miradas. Las empresas sostenibles también tienen que ser transparentes. Los profesionales, consumidores, inversores… cada vez buscamos relaciones más sinceras con las organizaciones. Las partes interesadas no se enamoran de promesas vacías, quieren ver debajo del paraguas y saber qué está pasando. Cómo su forma de resolver sus necesidades presentes influye en sus posibilidades de satisfacer sus necesidades futuras. O de que otros puedan satisfacerlas en igualdad de condiciones.
Instrumentos como las memorias de sostenibilidad o la declaración ambiental validada son clave para aportar datos significativos, quizá detectados a través de encuestas de materialidad, que permitan a todas las partes interesadas resolver sus inquietudes con datos veraces, trazables y sinceros. No vale sólo con una foto bonita en una web muy verde. Se trata de reflejar tendencias y responder sobre las cosas que no se están haciendo del todo bien. Identificar oportunidades de mejora y comprometerse con ellas para avanzar hacia un futuro más sostenible.
Un planeta de recursos finitos necesita soluciones creativas para mantener un nivel de desarrollo adecuado para satisfacer a todos sus habitantes. Quizá nos toque hacer renuncias, pero tenemos que ser capaces de disponer de la información y las herramientas necesarias para que sean lo menos costosas para el conjunto de la sociedad. Al fin y al cabo sólo las industrias sostenibles podrán proveer de bienes y servicios a un futuro que será sostenible o no será.
