La Generalitat permitirá que los ayuntamientos catalanes este verano puedan llenar las piscinas públicas y privadas con agua potable pese a la sequía, siempre que cumplan la función de refugio climático.
Así lo ha anunciado la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, este martes en rueda de prensa tras la reunión del Consell Executiu, donde ha detallado que el Govern ha aprobado un decreto para crear un censo donde cada municipio introducirá sus refugios climáticos, que podrá incluir piscinas públicas y privadas abiertas a la ciudadanía.
Plaja ha anunciado que el decreto también fija umbrales de consumo por plaza para los establecimientos de alojamiento turístico e introduce un régimen especial para regular «las aportaciones de recurso hídrico que hagan al sistema las desalinizadoras portátiles de titularidad privada».
Las restricciones domésticas se extienden al sector turístico
Asimismo, la Generalitat ha decretado este martes extender al sector turístico las limitaciones para el uso del agua que tienen los usuarios domésticos, con 100 litros por día en cada plaza hotelera en la situación actual de primera fase de emergencia por sequía que sufre Catalunya. Plaja ha detallado que, en un futuro, las situaciones de excepcionalidad por sequía limitarán el uso del agua a 115 litros por plaza hotelera y día, mientras que el umbral será de 90 litros por plaza en segunda fase de emergencia, de mayor gravedad.
El Govern ha justificado la medida porque la mayoría de los establecimientos turísticos están conectados a la red de distribución general en las mismas condiciones que el suministro para los domicilios convencionales.
El decreto aprobado este martes contempla la autorización de desalinizadoras móviles de titularidad privada para usar agua del mar en actividades económicas que hasta ahora se nutren del sistema hídrico general.
Las desalinizadoras, ha remarcado Plaja, deberán ser financiadas por completo por fondos privados, y estarán exentos de las limitaciones para el uso del agua porque suponen una nueva fuente de agua desconectada de la red que no afecta a los niveles de consumo general de la ciudadanía.
Cambia el régimen sancionador
En paralelo, el decreto de este martes modifica el régimen sancionador para ampliar los controles de un periodo mensual a uno trimestral, lo que permitirá tener una evaluación más dilatada de la tendencia del consumo de agua para modular mejor la sanción.
La infracción leve tendrá multas de hasta 10.000 euros, la infracción grave contempla sanciones de entre 10.000 y 50.000 euros, mientras que la muy grave fija multas de entre 50.000 y 150.000 euros.
