Quizá hoy, menos que nunca, el programa electoral de un partido político resulta de interés para los ciudadanos con el objeto de decidir el signo de su voto en las próximas elecciones generales, que se han adelantado, contra todo pronóstico, tras los resultados de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.
No obstante, es necesario analizar qué dicen estos programas electorales, que sobre el papel siguen siendo el contrato que se suscribe entre ciudadanos y representantes políticos para los próximos cuatro años, y que permiten analizar, evaluar y juzgar sobre la acción política.
En otro ejercicio realizado para las elecciones generales de 2015, destacaba que los aspectos ambientales no formaban parte de la agenda política. Los técnicos ambientales siempre reclamamos esta atención, nos sentimos desplazados por otras políticas económicas y sociales, y reclamamos que la sostenibilidad esté en la agenda política.
Esto ha cambiado sustancialmente en los últimos años. A nivel europeo, la actual Comisión Europea ha basado su acción de gobierno en el Green New Deal y en el paquete climático Fit for 55, introduciendo una ambiciosa agenda de normas, planes y programas relacionados con distintos aspectos relacionados con la sostenibilidad. En España, el último Gobierno ha nombrado como Vicepresidenta a la Ministra relacionada con las competencias ambientales y ha desarrollado un programa ambicioso de medidas en materia climática, energía, agua, economía circular e incluso en biodiversidad y calidad ambiental, aunque de forma más tímida.
Sobre el papel, los programas electorales, siguen siendo el contrato que se suscribe entre ciudadanos y representantes políticos para los próximos cuatro años, y que permiten analizar, evaluar y juzgar sobre la acción política
Ahora nos debatimos entre la necesidad de que esta agenda política ambiental se mantenga ambiciosa, pero fuera de aquellos focos mediáticos que fomentan la polarización política y el uso partidista de los temas, en lugar de tener una visión de interés general. El negacionismo científico está cobrando cada vez más fuerza y, si los problemas ambientales ya son de por sí complejos de explicar, este movimiento pone en jaque cualquier política ambiental. Nos encontramos en esta contradicción y debemos gestionarla.
El presente análisis hace referencia a distintos aspectos relacionados con la política del agua que se reflejan en los programas electorales de las cuatro formaciones que, presumiblemente, ocuparán las cuatro primeras posiciones en cantidad de votos y escaños, y que concurren a nivel nacional.
Nos debatimos entre la necesidad de que la agenda política ambiental se mantenga ambiciosa, pero fuera de aquellos focos mediáticos que fomentan la polarización política y el uso partidista
En el siguiente cuadro se muestra de forma sintética los temas sobre la política del agua que en alguna medida abordan los distintos programas políticos seleccionados.
¿Cuáles son los instrumentos políticos del agua que proponen los partidos políticos?
El Pacto Nacional por el Agua es la medida estrella del programa del Partido Popular (PP), impulsada por el Gobierno del PP en 2018 por Liana Ardiles, entonces Directora General del Agua, y que se vio frustrado por la moción de censura del PSOE. Esta propuesta ha formado parte de los programas políticos del PP desde entonces. Este pacto, que ningún otro partido propone, es la fórmula que el PP entiende como una forma de alcanzar un gran consenso nacional en torno al agua, que logre impulsar la inversión en infraestructuras hídricas e innovación, a la vez que desarrolle una labor de conservación en materia de biodiversidad.
La reforma de la Ley de aguas, que data de 1985 y cuyo texto refundido es de 2001, es una de las apuestas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que no recoge el resto de partidos, y cuyos estudios de reforma ha emprendido en esta legislatura, para subsanar muchas de las deficiencias que el sector del agua ha ido observando en su aplicación a lo largo de las últimas décadas. No obstante, en el programa político del PSOE, solo se hace referencia a su reforma para blindar el derecho ciudadano de acceso al agua.
El Plan Hidrológico Nacional, que había sido uno de los instrumentos habituales en el pasado y que ya menciona VOX bajo la denominación de Plan Nacional del Agua. Este plan, que se sometería a referéndum, impulsaría la interconexión de todas las cuencas con la pretensión de garantizar el acceso al recurso agua en cada región, y reactivar el sector primario.
Esta medida de interconexión entre cuencas contrasta con la propuesta de VOX de revisar el cumplimiento de los tratados internacionales con Portugal, (Convenio de Albufeira), para “comprobar que no se vierte al mar más de lo necesario sin aprovechar antes cada gota de agua en beneficio de los españoles, nuestro campo y la producción energética e industrial de toda España”. VOX es el único partido político que considera esta cuestión como una problemática a tratar.
Por el contrario, salvo VOX, el resto de los partidos políticos analizados asumen y aluden a la actual planificación hidrológica. Si bien el PP no propone medidas concretas, formula un Plan de Acción tomando como base los estudios disponibles de la planificación hidrológica, y el PSOE destaca los aspectos que incorpora el tercer ciclo de planificación recién aprobado. Solo SUMAR considera la necesidad de reformular la planificación hidrológica en clave de emergencia climática y revisar los vigentes planes de gestión de sequías y planes de gestión de inundaciones. Como novedad, se incluirán medidas conducentes a la revisión de las concesiones de agua actuales para evitar su sobreexplotación, estableciendo criterios de eficiencia y evitando procesos especulativos.
Finalmente señalar que VOX es el único partido que menciona medidas fiscales en relación al agua, aunque únicamente referido a la reducción progresiva de impuestos a suministros en los hogares, donde incluye el agua, y SUMAR es el único partido que propone una Estrategia nacional de transición hidrológica justa, una “hoja de ruta para la racionalización, el ahorro y el reparto equitativo de los recursos adaptada a las nuevas condiciones meteorológicas que va a enfrentar nuestro país, garantizando la seguridad productiva en el mundo rural y el acceso al abastecimiento de agua de calidad como un derecho humano universal”.
En este sentido, hay que recordar que el Gobierno, ya aprobó, en julio de 2022 las Orientaciones Estratégicas sobre Agua y Cambio Climático, un documento clave previsto por la Ley de cambio climático para establecer directrices y medidas en planificación y gestión del agua en España que incrementen la resiliencia del país frente al calentamiento global con un horizonte temporal a 2030
El derecho humano al agua y al saneamiento
El derecho humano al agua se convirtió en un tema destacado en las elecciones generales de 2015, después de ser aprobado en 2010 (Resolución 64/292) por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Aunque muchas de las propuestas de entonces aún no se han completado, sigue siendo un principio mencionado en los programas políticos del PSOE y SUMAR.
El PSOE propone reformar la Ley de Aguas para garantizar el acceso al agua, especialmente a los consumidores vulnerables. También propone la firma de un Pacto de Estado por la Garantía de los Derechos Medioambientales, que incluya “medidas transversales a corto, medio y largo plazo para hacer efectivo el derecho de todas y todos a la protección del medio ambiente, la seguridad climática y el acceso al agua potable para el consumo doméstico”.
En el programa de SUMAR, además de garantizar el derecho al agua, mediante su reconocimiento expreso, y evitando el corte de suministros básicos como el agua, avanza en otros aspectos como establecer un suministro mínimo vital de agua y mejorar la asequibilidad mediante un nuevo sistema tarifario. También se plantea la posibilidad de intervenir en mercados de suministros sensibles, incluyendo el agua, para evitar prácticas desleales o no competitivas que afecten los suministros y generen inflación y sobrecostes, de tal forma que los precios respondan a sus verdaderos costes.
SUMAR propone una ley de servicios de atención a la clientela que regule el derecho y el servicio de atención al cliente, especialmente en suministros esenciales como el agua. Esta ley abordaría aspectos como la obligatoriedad de la atención personalizada, gratuita y accesible, los tiempos de espera, los plazos de respuesta y el seguimiento del estado de quejas y sugerencias.
Medidas de mejora de la gobernanza del agua
En el PP destaca la creación de una Red estratégica del agua para una gestión integrada, tanto del recurso convencional como no convencional, y de las infraestructuras. Además, añade la creación de una Autoridad Nacional del Agua para el conjunto del territorio, si bien, en ambos casos, no se especifican detalles sobre objetivos, composición y funciones.
El PSOE anuncia la reforma del marco tarifario para establecer precios eficientes que consideren todas las fuentes de abastecimiento en diferentes territorios. Además, se busca mejorar la gobernanza del agua fomentando la participación ciudadana, el acceso a la información y la transparencia de los datos, aunque no se brindan detalles concretos al respecto y qué supone esas mejorar respecto a los sistemas actualmente en funcionamiento.
SUMAR destaca varios elementos de gobernanza, como la transparencia mediante una Ley de transparencia de los sectores estratégicos, que permita conocer el origen de la energía y el agua que se consume, quién la gestiona, así como los precios, tasas e impuestos que se aplican y qué beneficios genera a sus proveedores; también la información, mediante la promoción de puntos de información sobre la calidad del agua en las ciudades y los pueblos; la lucha contra la corrupción mediante modelos de gestión transparentes y participación ciudadana en la gestión del agua como bien público, con un peso equilibrado de todos los sectores sociales, especificando que no sólo estarán representado los usuarios.
Mientras el PSOE plantea una reforma del marco tarifario, SUMAR es la única formación política que hace referencia explícita a la recuperación de costes, demanda muy reclamada por el sector del agua y principio de la Directiva Marco del Agua, proponiendo una revisión, estandarización y mejora de las tarifas y precios públicos del agua, que además del principio de la recuperación de costes, cumpla el principio de proporcionalidad, incentive el ahorro y la eficiencia. Además, busca un trato equitativo entre comunidades para evitar desigualdades territoriales.
Los debates sobre la gestión pública y/o privada del agua, que fueron relevantes en elecciones anteriores, solo son mencionados explícitamente por SUMAR. Indican que establecerán “el carácter público de la gestión del ciclo integral del agua a través de una ley orgánica, evitando cualquier atisbo de privatización del recurso o su gestión”. No obstante, no se detalla el alcance y las repercusiones de esta medida en un país como España, que cuenta actualmente con multitud de formas de gestión del agua.
Regadío
El tema del regadío es uno de los temas que más comparten los programas electorales analizados. La habitual medida de extender la modernización de los regadíos para un uso más eficiente del agua y la energía, es incluida en los programas de PP, VOX, SUMAR y PSOE. Éste último, además, menciona cifras de inversión comprometidas, no solo en infraestructuras, sino también en generación de conocimiento, innovación, uso de nuevas tecnologías digitales y asesoramiento agrario.
En cuanto a la extensión o transformación de nuevos regadíos, hay diferentes visiones entre los cuatro partidos. VOX apoya directamente el impulso y la extensión del regadío, defendiendo a los agricultores de “la criminalización de los lobbies de la religión climático”, el PP especifica que los nuevos proyectos de regadío deben ser sostenibles en términos de disponibilidad de agua, impacto ambiental y viabilidad económica y social, aunque no detalla cómo. El PSOE señala la necesidad de fomentar el uso de recursos hídricos no convencionales, como las aguas desaladas o las aguas regeneradas para el regadío.
Por otro lado, SUMAR plantea una opción totalmente contraria al de VOX, deteniendo el crecimiento del regadío, excepto cuando existan nuevos recursos provenientes de la reutilización de aguas residuales en zonas costeras o mediante desalación. Sin embargo, antes se dará prioridad a la recuperación de los acuíferos sobreexplotados. SUMAR propone un programa nacional de adaptación climática del sistema agroalimentario basado en tres líneas: Moratoria del regadío intensivo y una reducción progresiva del regadío super intensivo, de mayor huella ambiental y menor retorno social, muy especialmente en las demarcaciones hidrográficas más vulnerables; reconversión ambiental y sociolaboral del regadío agroindustrial, con el fin de reducir sus principales impactos ambientales y mejorar la calidad del empleo generado; y apoyo a los regadíos tradicionales como espacios productivos vivos, con el fin de mantener sus valores paisajísticos, ambientales, históricos y culturales.
En relación a las aguas subterráneas, muy afectadas por las actividades agrarias, especialmente por la sobreexplotación y la contaminación difusa, provocada por una excesiva fertilización, el PP menciona un Plan de Acción para un uso más eficiente del agua y los fertilizantes en el regadío, que incluya el control de su impacto en las aguas subterráneas y superficiales. SUMAR propone un Plan nacional de preservación de aguas subterráneas que garantice la recarga y evite el impacto y riesgo en la calidad de las aguas en un contexto de cambio climático. Este Plan contendría un inventario de pozos en España, analizando el estado de los pozos ilegales y clausurándolos si no cumplen la normativa. Además, SUMAR destaca la necesidad de aumentar recursos y personal en los Organismos de cuenca y agilizar los procedimientos para denunciar pozos y regadíos ilegales. El PSOE indica la necesidad de invertir y mejorar la cooperación institucional, necesaria entre las distintas administraciones en materia agraria y de agua, para un riguroso control de para controlar la contaminación difusa en las masas de agua.
Adaptación al cambio climático
La incorporación del cambio climático en la planificación hidrológica requiere medidas para adaptar a la sociedad a las potenciales consecuencias de cierto grado de cambio climático. Las sequías y las inundaciones son los principales eventos extremos abordados en los programas políticos.
VOX considera el cambio climático “una excusa para imponer restricciones al aprovechamiento de los recursos naturales”. No menciona las inundaciones y cree que la sequía se puede corregir mediante una gestión adecuada del agua a través de un mecanismo de reparto óptimo de la misma. Por el contrario, el resto de partidos políticos atiende la adaptación al cambio climático.
El PP sí hace referencia a los Planes de Gestión de Riesgos de Inundación, primordialmente la priorización de las acciones en materia de restauración de los cauces, especialmente los urbanos, que permitan incrementar la protección a las personas, los bienes y el medio ambiente. El PP, en su programa electoral, considera imprescindible el desarrollo de inversiones en materia de defensa frente a inundaciones para la necesaria adaptación a los fenómenos derivados del cambio climático.
SUMAR propone la creación de una red estatal sobre urbanismo y cambio climático para generar cambios en las zonas urbanas que controlen los efectos de las altas temperaturas, las sequías y las lluvias torrenciales u otras situaciones climáticas extremas. En materia de inundación, quieren fomentar una “política rigurosa de gestión de inundaciones basada en el respeto a las llanuras de inundación y a los sistemas de drenaje sostenible e inversiones para la mejora de las infraestructuras de las estaciones depuradoras de agua, con el objetivo de retener el agua torrencial y evitar así desbordamientos que contaminen los ríos y las playas”.
El PSOE dedica más atención a este tema, activando nuevos planes de sequía en estrecha colaboración con los municipios y mediante los planes de gestión del riesgo de inundación, complementándolos con una mejora de la capacidad predictiva de los sistemas de información hidrológica. Propone la revisión de los criterios de diseño de infraestructuras hidráulicas, como las presas, incorporando a los habituales estudios "coste beneficio” los de "adaptación al cambio climático-coste". Además, plantea un nuevo programa de investigación e innovación en cambio climático, sequía y fenómenos meteorológicos extremos.
En este sentido, destaca el cambio cultural que indica en el programa el PSOE: “es imprescindible incorporar al conjunto de la sociedad al cambio cultural que ese esfuerzo de adaptación supone” que contrasta con la resistencia cultural que expone VOX cuando expresa la utilización del “cambio climático como excusa para imponer unas trabas e impuestos verdes cada vez más duros al sector primario que lastran su actividad”.
Dominio público hidráulico y biodiversidad
El tratamiento del dominio público hidráulico y los aspectos relacionados con él, como la gestión de los caudales ecológicos, la protección y restauración de los sistemas fluviales, y la biodiversidad, etc., es abordado de manera somera en la mayoría de los programas políticos analizados, excepto por VOX que no hace especial referencia.
No obstante, se pueden destacar algunos contenidos como en el programa de SUMAR que propone realizar un inventario de infraestructuras obsoletas, como azudes, canales o escolleras, que impidan la adecuada regeneración del ecosistema fluvial y de ribera, con el objetivo de retirarlas de manera ordenada. En contraste, VOX propone lo contrario, detener la eliminación de dichas infraestructuras, que considera que el Gobierno ha “impulsado por motivos ideológicos”, facilitando inversiones de las infraestructuras hidráulicas necesarias.
SUMAR propone instrumentos para estimular la protección de los servicios ecosistémicos, como la custodia del territorio, los incentivos fiscales y proyectos piloto de pago por la conservación de recursos hídricos, forestales y de biodiversidad.
En el caso del PSOE, se destaca el objetivo de preservar el patrimonio natural en espacios de especial interés ambiental, más allá de los espacios emblemáticos, mediante la implementación de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, mediante soluciones basadas en la naturaleza (SBN) y el despliegue de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación, aprobada en junio de 2022.
En relación a la conservación de humedales tanto PSOE, como PP y SUMAR hacen referencia a la misma necesidad, siendo el PSOE quien más detalla al respecto. Hay que tener en cuenta que el Gobierno ya publicó en 2022 el Plan Estratégico de Humedales 2022-2030.
Otra cuestión a destacar, es que todos los partidos políticos hacen mención especial a un espacio vulnerable y de gran interés ambiental como el Mar Menor, si bien PP, PSOE y SUMAR también hacen referencia a otros espacios destacados como Doñana, Tablas de Daimiel, el Delta del Ebro, la Albufera o la Mancha Húmeda.
Inversiones
El capítulo de inversiones, es uno de los más tratados por parte de los programas electorales y más esperados por el sector, dado que es donde se marca el impulso real de las políticas del agua. No obstante, en este aspecto, cabe destacar que no se detalla ni se especifican partidas económicas en la mayor parte de los casos, por lo que los partidos políticos no se comprometen mucho en la materia.
En relación a las inversiones en abastecimiento, el PP y el PSOE son los dos partidos políticos que hacen más referencia. En el caso del PP destaca un Plan de modernización de las redes de abastecimiento para evitar pérdidas que además incluya criterios de redes de distribución sostenible que mejore tanto la gestión energética de las redes como de la fiabilidad del suministro. En el PSOE destaca la inversión en materia de abastecimiento en núcleos rurales.
El saneamiento es objeto del programa electoral del PP a través de un Plan de depuración y saneamiento para cumplir con la Directiva de aguas residuales urbanas, actualmente en revisión, y también para promover el uso de aguas regeneradas y la circularidad en el sector del agua. SUMAR asegura el cumplimiento de la depuración completa de las aguas residuales para 2027, revisando el Plan DSEAR, con el objeto de acabar con las sanciones que España está pagando a la UE por el incumplimiento de la Directiva. Además, propone introducir circuitos de agua regenerada para usos urbanos, limpieza, riego, etc.
El PSOE se compromete a modernizar el sistema de saneamiento, además de su normativa reguladora, y duplicar la capacidad de producción de aguas regeneradas. VOX no menciona específicamente el saneamiento, excepto en el contexto de la renovación del sistema de saneamiento de las aguas residuales municipales del Mar Menor y el Campo de Cartagena.
Si PP, PSOE y SUMAR mencionan el fomento de las aguas regeneradas, sólo PSOE y SUMAR mencionan la desalación como parte de sus previsiones de inversión. Además, PSOE y SUMAR son las formaciones que más acento ponen en la innovación en materia de agua y especialmente en la digitalización, en consonancia con el PERTE de digitalización del ciclo del agua que se ha lanzado.
En relación a las obras hidráulicas, hay visiones dispares. El PP menciona la modernización, especialmente de presas y canales, mientras que VOX apoya claramente la inversión en infraestructuras hidráulicas, tanto para “almacenar como llevar agua en abundancia a todos los rincones de España”. Si bien no nombra la palabra trasvase, si la interconexión de cuencas. Por el contrario SUMAR explicita claramente la revisión de las grandes obras hidráulicas para analizar su rentabilidad y los impactos socioambientales.
Igualmente, VOX y SUMAR discrepan en cuento a las centrales hidroeléctricas, VOX apoya la inversión y el desarrollo de esta infraestructura, mientras que SUMAR aboga por una mayor regulación, incluyendo un canon hidroeléctrico a las centrales hidroeléctricas sin exenciones, y una adaptación, aunque no define los detalles, de las presas y embalses a “escenarios más frecuentes de inundaciones y sequias debido al cambio climático para poder realizar desembalses con mayor previsibilidad generando menos impactos de inundaciones aguas abajo”.
Nexos Agua, energía, circularidad y urbanismo
Aunque de forma muy somera y sin profundizar, señalar que el programa del PP destaca el nexo Agua y Energía, para un ciclo integral del agua que sea descarbonizada, el PP y el PSOE mencionan la circularidad del sector del agua, mientras que SUMAR no lo hace de forma expresa, si bien sí trata notablemente la economía circular en su Programa. No obstante, recordar que SUMAR hace referencia a la creación de una red estatal sobre urbanismo y cambio climático, que permita, entre otras funciones, un mayor control sobre los efectos de las altas temperaturas, las sequías y las lluvias torrenciales u otras situaciones climáticas extremas.
Una política del agua cada vez más apremiante
Los programas políticos de estas elecciones generales, como viene siendo habitual en los últimos años, no eluden tocar la temática del agua, por la preocupación social que existe de este recurso escaso y valioso, no obstante, las propuestas siguen siendo, salvo excepciones, someras y ponen sus esperanzas en pactos, estrategias, planes y programas que no acaban de detallarse. Muchas de las preocupaciones del sector profesional del agua y de distintos grupos sociales no acaban siendo abordadas y, cada vez más, encontramos espacios en nuestro país más tensionados, que van acabar generando problemas sociales.
La política del agua será cada vez un asunto más apremiante, y las prisas en este sector suelen ser malas consejeras. Todos los datos parecen indicar que la disponibilidad del agua en España está decreciendo paulatinamente y los episodios de sequías e inundación van a ir agravándose.
Esta situación requiere de apuestas políticas importantes en todas las áreas, una voluntad de corresponsabilidad de todas las administraciones y los actores suficientemente generosa y la concepción de que no hay una solución que de cobertura a todos los problemas. Las respuestas deben atender a la complejidad del problema, a la necesaria visión adaptativa de largo plazo, a un programa intenso de las inversiones, no sólo en materia de infraestructuras, y seguramente decisiones duras pero necesarias en cuanto a las limitaciones de la demanda que requerirán cambios en el actual marco normativo.
Es necesario atreverse a desarrollar nuevos e innovadores modelos de gobernanza para enfrentar todos los desafíos, basados en una generosa corresponsabilidad
Aunque la gestión del agua en España ha sido ejemplo, es necesario atreverse a desarrollar nuevos e innovadores modelos de gobernanza para enfrentar todos los desafíos, basados en una generosa corresponsabilidad. Afortunadamente, en España existe un cuerpo experimentado de técnicos, gestores y profesionales que trabajan en el sector del agua, ya sea desde las administraciones públicas, las empresas públicas y privadas, o desde diversas entidades de la sociedad civil que se preocupan en esta materia.
